El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite un recurso por la venta de vivienda pública de la Comunidad de Madrid al fondo buitre Azora. Este procedimiento se inicia tras la resolución del IVIMA que supuso la enajenación de 32 promociones de vivienda social a este fondo de inversión en 2013.
Ahora, el alto tribunal constata su interés en estudiar la «apreciación de falta de legitimación» alegada por un tribunal madrileño, al considerar que la venta de viviendas de titularidad pública a una empresa privada «no afecta a la situación del arrendatario recurrente». Desde la plataforma de defensa de los afectados por el procedimiento se muestran satisfechos por la decisión del Supremo para estudiar si el cambio de casero ha modificado las condiciones de los contratos de alquiler.
