El Gobierno de Andalucía ha aprobado un decreto que modifica el reglamento de la Vivienda Protegida en dicha región. La medida tiene como objetivo reforzar el carácter social del parque residencial de titularidad pública y blindarlo ante el capital privado. En concreto, se aumentan las garantías para evitar que estos inmuebles puedan acabar en manos de los denominados fondos buitre.
Además, la normativa aprobada prohíbe de forma expresa la venta de una vivienda propiedad de cualquier administración pública a personas jurídicas. Con su aprobación se da carta de naturaleza legal a una medida que la Junta de Andalucía ya aplica en la práctica. En paralelo, el texto generaliza la posibilidad de las administraciones de ejercer el derecho de tanteo y retracto a cualquier vivienda protegida.
