La Consejería de Fomento de Andalucía ha iniciado la tramitación de una orden que simplificará los requisitos y también la tramitación de las ayudas para promotores y compradores de vivienda protegida en la región, de manera que los procesos sean más agiles y los proyectos más flexibles.
El objetivo de la medida es actualizar requisitos obsoletos de la actual normativa en torno a la vivienda social, como disponer de un lavadero con pila. Al respecto, está previsto que se reduzcan de 30 a 10 o 15 años los plazos para poder vender el inmueble. Para la administración regional, la mayor flexibilidad no tiene por qué afectar a la calidad de la construcción.
