La antigüedad laboral y la estabilidad del empleo suelen ser requisitos importantes para conseguir una hipoteca. solo por detrás de contar con el 30% del valor de la casa ahorrado. Son factores determinantes, aunque también influye el sector en el que se enmarca el empleo y si es por cuenta ajena o propia.

Los jóvenes son el segmento más atractivo para la banca a la hora de conceder una hipoteca por el mayor plazo de amortización y atraer clientes de largo plazo. La guerra hipotecaria para captar a los más jóvenes no debería generar problemas de solvencia en la banca.

Los menores de 35 años tienen cada vez más dificultades para emanciparse, al tiempo que las familias de rentas bajas se ven en complicaciones para acceder a un hogar. Es aquí donde entra en juego la vivienda asequible.

La eficiencia energética se ha puesto en el ojo del huracán debido a la regulación que se está desplegando desde la Unión Europea, y también desde España. El ahorro que se consigue es proporcional a la inversión y a las calificación de partida de la vivienda, pero es posible logran reducciones que pueden ir hasta el 70%.

Los bancos centrales se están viendo obligados a actuar endureciendo su política monetaria para poner freno a la inflación. La subida de los tipos de interés supondría un encarecimiento de las hipotecas, además de impactar al alza en el precio de las viviendas.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley en el que limita la revalorización de las rentas del alquiler al 2% para evitar que los inquilinos registren una fuerte de subida de la cuota mensual que deben pagar a los propietarios.

El bono joven de alquiler tiene la intención de mejorar el acceso a la vivienda de los menores de 35 años en España y aumentar la tasa de emancipación. Sin embargo, esta ayuda podría generar una subida de los precios de los alquileres a nivel general y dejar sin efecto esta ayuda para sus beneficiarios.

La nueva Ley de Vivienda está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno por dos motivos: el rechazo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la normativa y la falta de apoyos en el Congreso de los Diputados para poder ser aprobada.

El sector inmobiliario se encuentra, al igual que el resto de la economía, en un momento de grandes cambios, retos y oportunidades en el horizonte temporal. El primero de ellos tiene que ver con la sostenibilidad y el avance hacia la creación de un sector más sostenible.

La Comisión Europea quiere impulsar la rehabilitación energética de los edificios menos eficientes y lograr para el 2030 que todas las viviendas tengan por lo menos una calificación F en el certificado energético.

Este es un nuevo escenario que afecta a todos los sectores, a los ahorradores, inversores, compradores y vendedores por igual, ya que la inflación en el sector inmobiliario es un hecho. La vivienda será un valor refugio para proteger el poder adquisitivo.

Hasta ahora, la plusvalía se calculaba sin tener en cuenta la realidad económica, aplicando de forma automática el valor catastral, sin tener en cuenta se en ocasiones se vendía a pérdidas.

La penalización a los propietarios de vivienda vacía se aplicará en el Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI) con una subida de hasta el 150%. Pero, pese a que la intención teórica está clara, la práctica de la misma parece algo más compleja.

El anteproyecto de Ley de Vivienda aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros contempla una medida para controlar los precios del alquiler a los grandes tenedores de vivienda en España.

El pasado mes de junio se firmaron 37.961 en toda España, lo que supone la cifra más alta en  concesión de hipotecas de los últimos 10 años. La banca se encuentra en una mejor situación que hace una década y la morosidad toca mínimos.