Una treintena de entidades barcelonesas han presentado un decálogo para el derecho a la vivienda en la ciudad, que plantea, entre otras medidas, la construcción de un parque público, la apuesta por el alquiler protegido y la rehabilitación, el impulso de la mediación para evitar los desahucios de familias vulnerables y que se combata la especulación.
Para los promotores esta propuesta se trata de una necesidad social, pero también económica, ya que la promoción de obra nueva y la rehabilitación “son una oportunidad para la recuperación” de la crisis provocada por la Covid-19. Asimismo, se ha argumentado que el año que viene la ciudad tendrá dos mil vivendas públicas en construcción en las que podrán vivir unas 5.000 personas.
