Los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona sopesan que, en la actualidad, entre el 1,5% y el 2,5% de la vivienda social destinada a la compra no estaría cumpliendo la normativa a la cual se encuentra sujeta. El principal uso fraudulento que se hace de estos inmuebles es ponerlos en alquiler a un precio hasta un 50% superior al que se podría arrendar.
Como consecuencia de ello, se han iniciado 14 expedientes sancionadores de los que 13 siguen abiertos (tres casos en Ciutat Vella, uno en Sants-Montjuïc, dos en Horta-Guinardó, cuatro en Nou Barris, uno en Eixample y tres en Sant Martí). Por su parte, uno ya se ha cerrado con una sanción de 180.000 euros.
