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Antonio Granero, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid Antonio Granero, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

Competitividad desde la calidad y la seguridad ante la Ley de Servicios y Colegios Profesionales

José Antonio Granero
decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

La edificación es un sector fundamental de la economía, relacionado con la industria de la construcción, el turismo, el desarrollo urbano, la energía, el patrimonio y el medio ambiente, con implicación directa en el bienestar de los ciudadanos. La complejidad de la edificación requiere la colaboración de diferentes profesionales técnicos, cuyas atribuciones y responsabilidades se establecen en la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E.) en base a los conocimientos adquiridos, de igual modo que fijan las Directivas Europeas de cualificación y servicios.

Al hablar de liberalización y competitividad, no podemos obviar que, en los servicios profesionales, la economía de mercado incluye consideraciones sociales más amplias, de ética, justicia y bienestar para garantizar, de forma equilibrada y segura, el acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios. El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales plantea posibles reformas en el marco legislativo de la edificación, y trata de “eliminar las restricciones al acceso basadas en la cualificación”, junto a una desregulación del ejercicio profesional que establecen los Colegios Profesionales, desarrollando funciones delegadas de las administraciones de garantía a los usuarios sin coste para ellos.

La arquitectura se construye para ser habitada por personas, forma parte de una ciudad o de un paisaje, y es patrimonio de una sociedad que convivirá con ella décadas. En arquitectura, que la cualificación se considere una restricción de acceso al mundo profesional, supone equiparar titulaciones diferentes y reducir la importancia de la formación y la calidad del trabajo especializado. Que más personas con menor cualificación puedan acceder a un trabajo, no significa incremento de la competitividad, sino reducción de la calidad y garantía para los usuarios, introduciendo inseguridad jurídica.

La arquitectura en España se basa en una estructura productiva de pymes y autónomos, muy competitiva por su alta cualificación, eficiencia y coste. Es empresa y actividad económica basada en el conocimiento y la responsabilidad, que se apoya en la industria, y tiene un extraordinario reconocimiento internacional. Un tejido productivo, que significa emprendimiento e I+D+i en estado puro, que realiza inversión constante en formación y tecnología, y que necesita apoyo institucional del Ministerio de Economía y Competitividad.

Que más personas con menor cualificación puedan acceder a un trabajo, no significa incremento de la competitividad.

Sin embargo, el Anteproyecto de Ley supondría el desmantelamiento final de ese tejido profesional, en aras de una supuesta competitividad, que solo beneficiaría a las grandes compañías internacionales, y empobrecería la economía española. En un mundo que pretende ser más justo y equilibrado, medir todo en términos económicos resulta obsoleto, el objetivo está en un desarrollo equilibrado y sostenible enfocado a aumentar nuestro nivel de vida.

Los profesionales debemos servir de referente en las decisiones políticas, fijando criterios y rechazando ocurrencias, como algunas que contempla este Anteproyecto, que pueden corregirse fácilmente antes de convertirse en Proyecto de Ley. En primer lugar no cambiar una ley sectorial como la L.O.E. desde una ley generalista, que tendría un coste enorme por la conflictividad e inseguridad jurídica que generaría, en un sector ahora ordenado; en segundo lugar, mantener la colegiación en toda la actividad profesional de los arquitectos que afectan a la seguridad física y jurídica de bienes y personas, como garantía sin coste para el usuario ni para el erario público, y finalmente apoyar la competitividad en los servicios profesionales desde la calidad, la seguridad jurídica y la transparencia.

Se trata, pues, de actuar de manera equilibrada y proporcionada, sin precipitación y contando con los profesionales y sus instituciones, los Colegios, que están expresamente recogidos en la Constitución y representan a 1.500.000 profesionales en España.

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