Un decreto aprobado por las cortes valencianas amplía los derechos de tanteo y retracto de la administración autonómica para adquirir viviendas de protección pública. La normativa incluye la posibilidad de que esta administración frene operaciones como ventas de edificios o grandes paquetes de viviendas, que no sean de este tipo para destinarlas al parque público.
La normativa tiene como objetivo ampliar el parque público de vivienda, al estilo de lo que pasa en muchos países europeos pero también de Euskadi o Baleares. El decreto establece que una vez las viviendas pasen al parque público lo harán de manera permanente y que podrá aplicarse en los municipios con necesidades en este campo.
