Muchas leyes van y vienen según la época o el Gobierno de turno. Ya sea por ideología o por la coyuntura económica, la intermitencia de la deducción por la compra de una vivienda habitual es una de ellas. La oposición desde Bruselas a esta norma consiguió ‘tirarla’ a comienzos de este año después de que el Gobierno del PP la recuperara cuando volvió al poder en 2011. Ahora más que nunca con la rígida política de austeridad potenciada por la Unión Europea ya incluso se amenaza su vigencia para los que compraron antes del 1 de enero de 2013 y aún disfrutan de ella.
Plantear su supresión es una posibilidad que está estudiando el Gobierno según se ha filtrado mientras se prepara la futura reforma fiscal para el año que viene. ¿Se atreverá el Ejecutivo? Aunque al ministro de Economía, Luis de Guindos, “no le gustan las normas con efectos retroactivos” o a Hacienda asegura que “no se va a perjudicar los derechos adquiridos», o al menos “no de golpe” y «sin alternativas», esto no garantiza que no se vaya a dar el paso. El suculento monto que se pueda ahorrar la Administración al retirar esta ayuda es un fuerte aliciente para suprimirla.
4.200 millones de retorno
Tras estar vigente desde 1978 y haberse quitado, restituido y modificado varias veces, actualmente Gestha, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, calcula que hay un total de unos 5,8 millones de personas que se benefician de esta deducción. Si se suprimiera este beneficio fiscal de forma retroactiva supondría recuperar para el Gobierno unos ingresos de más de 4.200 millones de euros. Los contribuyentes con rentas medias situadas en el tramo de renta entre 12.000 y 21.000 euros representan el mayor volumen de declarantes de esta desgravación con dos millones de personas, aunque son los de rentas situadas entre 60.000 y 150.000 euros los que más declarantes con deducción tienen sobre el total del tramo (45%).
«Desde el punto de vista jurídico, se puede entender que es lícito, únicamente bastaría que fuese aprobado en la Ley Presupuestos Generales del Estado para 2014», apunta Ángel Ramiro, experto en materia fiscal de Medina Cuadros Abogados, «por eso, no debe sorprendernos si se suprime totalmente y con carácter retroactivo, puesto que tenemos otros antecedentes similares y no ha ocurrido nada«. En julio de 2012 el Gobierno eliminó la compensación fiscal con carácter retroactivo para todos los contribuyentes que compraron una vivienda habitual antes del 20 de enero de 2006 y casi 3,5 millones de personas que se beneficiaban de ella dejaron de recibir los alrededor de 200 euros mensuales. Las arcas públicas volvieron a ingresar unos 580 millones de euros anuales.
¿Dónde está seguridad jurídica?
No obstante, acometer este cambio también entrañaría sus riesgos para el Gobierno. Como señalan los expertos este asunto podría llevar al Ejecutivo a los tribunales, o incluso llegar al Tribunal Constitucional. Anular normas de forma retroactiva, ¿no es una forma de defraudar a un contribuyente que compró vivienda y solo lo hizo porque en ese momento existían unas determinadas –y en este caso favorables- condiciones fiscales? «Seguramente estas personas en el momento de valorar la adquisición de su vivienda habitual tuvieron en cuenta el hecho de poder aplicar la deducción durante todo el periodo de duración de su hipoteca», señala Ramiro.
No obstante, esta medida que ha entrado en vigor de forma transitoria y de carácter fiscal no estaría entre las leyes de retroactividad proscritas por el artículo 9.3 de la Constitución, ni se considera de que vaya en su contra, ya que su aplicación estaría justificada con el fin de contribuir a los gastos públicos del Estado. Pero indudablemente, llevar a cabo este cambio sería una forma de dañar la seguridad jurídica del sistema. «Efectivamente, toda modificación legislativa que tenga carácter retroactivo perjudica a la seguridad jurídica de cualquier Ley, ya que, ocasiona una gran inseguridad por parte de los afectados a la hora de tomar cualquier decisión en un futuro», concluye el experto fiscal de Medina Cuadros Abogados.
De forma progresiva y con alternativas
Por eso, el Gobierno en caso de hacerlo lo haría de forma progresiva y escalonada de 2014 a 2017, además de ofrecer alternativas con el fin de no traicionar los derechos adquiridos. Algo con lo que coinciden las recomendaciones de Gestha que cree que de aprobarse la medida, los contribuyentes que se acogieron a este incentivo no tendrían que devolver las deducciones cobradas, sino que simplemente pasarían a adoptar nuevas medidas a partir de la fecha que señale el Gobierno su derogación.
Actualmente, solo en las comunidades de País Vasco y Navarra todavía se sigue concediendo la desgravación para nueva compra de vivienda, aunque obtienen más ayudas las familias numerosas y las que tienen menos ingresos. No obstante, la aplicación de esta medida en el resto del país, va ahogar aún más al ya presionado presupuesto de unas familias que compraron en un determinado momento con una serie de condiciones y que se las han anulado a mitad de juego, aparte del coste electoral que supondrá para el Gobierno traicionar una vez su programa electoral prometido.
