El Tribunal Constitucional ha anulado la normativa de vivienda catalana, aprobada en 2019. El alto tribunal entiende que la medida limita el derecho de propiedad y prevé medidas «coactivas, no voluntarias» para los dueños de pisos que no pueden imponerse, mediante un decreto ley.
El TC considera que los preceptos anulados «regulan medidas coactivas, no voluntarias, limitativas del derecho de propiedad» que «constriñen estrechamente» a los dueños de viviendas mediante órdenes o deberes normativos «que se ponen bajo, la inspección y vigilancia de la administración». Para los magistrados, no puede considerarse que esas normas sean meramente «instrumentales para la política de vivienda» de Cataluña.
