La política fiscal será la herramienta que el Gobierno utilizará para intentar frenar el auge del precio del alquiler, especialmente en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Al respecto, está previsto que se desarrollen una serie de incentivos fiscales tanto para los propietarios como para los inquilinos. El objetivo de la medida es intentar dinamizar el mercado.
Otro de los aspectos que podrían ser regulados son las fianzas y las garantías que los propietarios pueden imponer a sus inquilinos para alquilarles una vivienda. En este sentido, también se busca sentar unas bases comunes para la regulación del sector del alquiler turístico, que correspondería a las comunidades autónomas.
