El Consejo de Ministros ha aprobado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra algunos aspectos de la ley aragonesa de acceso a la vivienda. A su juicio, la normativa invade competencias estatales. Entre ellas, la prohibición de embargo para las prestaciones sociales o la paralización de desahucios para personas vulnerables.
Para el Gobierno, esta ley excluye las prestaciones económicas del Sistema Público aragonés de Servicios Sociales del concepto de subvenciones. Sobre los procesos de ejecución hipotecaria, argumenta que el texto aragonés introduce «un supuesto de suspensión automática» y también «condiciona los procesos de ejecución hipotecaria no previstos en la ley estatal» sin que exista una base constitucional que lo ampare.
