Tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) de la legislación española, los expertos estiman que si todos los afectados que pueden recurrir los impuestos pagados lo hicieran, el Estado tendría que pagar unos 200 millones de euros. La sentencia del TJUE afecta solo a los no residentes comunitarios y a los grupos I y II (padres e hijos) que tuvieron que pagar en los últimos cuatro años.
La sentencia del TJUE declara que España incumplió la normativa comunitaria al permitir que se establecieran diferencias en el trato fiscal de este impuesto entre residente y no residente. Por ello, el Estado ya ha recaudado 700 millones de euros.
