¿Tienes ganas de más?
Suscríbete a nuestra news para recibir recomendaciones, guías y temas de actualidad

«Existe una liberalización absoluta de honorarios… Un error»

Miguel Ángel Muñoz Flores
presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas y del Colegio de Madrid

Teniendo en cuenta el contexto actual, ¿qué valor aporta un administrador de fincas en estos momentos de crisis inmobiliaria?

Los administradores de fincas somos profesionales que gestionamos las operaciones de administración de la propiedad inmobiliaria, planificando, contratando, ejecutando, vigilando, controlando, adoptando cautelas, y supervisando el mantenimiento y conservación de los inmuebles y la de sus instalaciones, servicios y suministros.

Además, optimizamos el rendimiento de la propiedad como mandatarios de su gestión, aplicando para ello los conocimientos jurídicos, técnicos y contables necesarios en cada caso, asistiendo, representando, advirtiendo, apercibiendo e informando a los propietarios del inmueble con total fidelidad, y disponiendo de los servicios y herramientas necesarias y específicas de acuerdo con los procedimientos establecidos por la normativa vigente para que, a través de una gestión, en manos de auténticos profesionales, los propietarios obtengan plena seguridad, total tranquilidad y alta rentabilidad en su inversión inmobiliaria.

Todo ello, en la época de crisis actual que vivimos, es sin duda un importante valor añadido.

¿Cuáles son las reivindicaciones más urgentes del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid?

Queremos impulsar, desde nuestra representación en el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, la tramitación parlamentaria de una nueva Ley de Propiedad Horizontal que, entre otras cuestiones, contemple nuestra actividad profesional con funciones gerenciales y ejecutivas.

Otras propuestas en las que, desde hace años, trabaja el Consejo General, son las siguientes: el aumento de la afección real del piso a las deudas no sólo del año anterior sino de los últimos cuatro años, el aumento del fondo de reserva para impulsar la cultura del mantenimiento, la mejora de la regulación de los conjuntos inmobiliarios o subcomunidades, o la posibilidad de establecer un procedimiento judicial rápido para poder entrar en un piso con el fin de poder hacer una reparación general de urgencia, etc. Medidas tendentes a contribuir a la convivencia más fácil del 85% de la población española que vive en comunidad.

La morosidad es una de las lacras de las comunidades de vecinos, ¿qué cifras pueden darnos al respecto?

En la actualidad, y a la espera de la presentación del segundo informe sobre morosidad, este gran problema está presente en más del 22% de las comunidades de propietarios.

La crisis ha hecho que muchas viviendas queden en manos de las entidades, ¿cómo se comportan estos ‘nuevos’ propietarios a la hora de pagar sus cuotas a la comunidad?

Antes de nada diremos que está situación viene de lejos, concretamente desde el inicio de la crisis económica. A partir de entonces, bancos y cajas de ahorros y promotoras inmobiliarias se convirtieron en los nuevos propietarios morosos.

Mientras que las promotoras pueden llevar a la comunidad de propietarios a cuotas de morosidad inasumibles, debido en gran parte al abultado número de pisos sin vender, que hace que el resto de los propietarios tengan que afrontar el pago de los servicios comunitarios más básicos a golpe de derramas, los bancos y cajas que tienen un importante activo inmobiliario, acaban pagando las cuotas aunque con un retraso de 6 meses de media.

Por no hablar de la posibilidad, cada vez más real, de que las promotoras se vean abocadas a un concurso de acreedores, situación que llevaría a la comunidad a no ver satisfechas al 100% sus pretensiones de cobro de cuotas impagadas.

¿Qué soluciones proponen para evitar la morosidad en las comunidades de propietarios?

El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid creó hace meses el Programa de Lucha contra la Morosidad en Comunidades (PLCM), un instrumento que dota a las comunidades de propietarios de las mejores herramientas para evitar y solucionar el problema de los impagos.

El PLCM es de uso exclusivo para administradores de fincas inscritos en el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Aunque muy pronto estará disponible en el resto de los Colegios Profesionales de Administradores de Fincas de España (38 colegios territoriales), fruto de un acuerdo firmado con el Consejo General.

El coste de los servicios, caracterizado por las máximas garantías legales y el respaldo de profesionales, es de cero euros para la comunidad de propietarios, debiendo únicamente adherirse al mismo. Además, a través del Programa se podrán reclamar tanto las cantidades futuras que se puedan adeudar a la comunidad, como las ya devengadas y cuya resolución no se hubiese tramitado.

Una de las preguntas que recibimos con frecuencia es cuánto cuesta, aproximadamente, dejar en manos de un administrador de fincas la gestión de la comunidad. ¿Existen tarifas oficiales?

Existe una liberalización absoluta de honorarios, que consideramos un error. Hasta hace unos años, estos venían determinados por el número de servicios que tenía la finca, pero la libre competencia ha creado una situación de indefensión de muchos despachos profesionales de administradores de fincas que ven como otros compañeros ofertan presupuestos muy por debajo del mercado, desatendiendo en algunas ocasiones incluso los servicios más elementales de la finca.

La rehabilitación lleva siendo la gran apuesta desde hace mucho tiempo. ¿Se ha avanzado ‘de verdad’ en este terreno?

El trasfondo de la apuesta por la rehabilitación no está tanto en las subvenciones que aportan las distintas Administraciones sino en cómo se articulan y cuándo se conceden. Afortunadamente, instrumentos regulados como la ITE, que en Madrid lleva funcionando con éxito desde 2000, están ayudando a fomentar la cultura rehabilitadora de los edificios residenciales, aun cuando las subvenciones concedidas lleguen tarde.

¿Cuál es su postura sobre que la obligatoriedad y la frecuencia de la ITE para edificios de más de un determinado número de años? ¿Les parece un margen muy amplio?

La ITE será obligatoria a partir de julio de 2012 para todos los inmuebles de más de 50 años que estén ubicados en municipios de, al menos, 25.000 habitantes, salvo que las Comunidades Autónomas extiendan la obligatoriedad a otros núcleos de distinta densidad poblacional. Los beneficios de esta obligatoriedad son innegables, y los plazos razonables. Ahora bien, estas inspecciones exigen unas cuantías subvencionables acordes a la realidad actual, pues supondrán un esfuerzo económico muy importante para las arcas de las comunidades de propietarios.

¿Cree que las obras dentro de una comunidad de propietarios están lo suficientemente subvencionadas?

En estos tiempos de crisis que nos están tocando vivir, toda ayuda parece escasa, lo que ocurre es que vivimos en una permanente contradicción, liberalización del mercado a través de subvenciones públicas en muchas situaciones y eso a la larga es incompatible. Pero más allá de cuestionarnos estos conceptos, decirle que es obligación del administrador de fincas informar, con total conocimiento, a sus administrados de las diferentes subvenciones existentes en cada caso, y si recibe el encargo de gestionar su tramitación, debe aceptarlo y llevarlo a cabo a cambio de la retribución concreta correspondiente que se pacte para ese encargo.

El stock de viviendas vacías sin vender preocupa mucho al sector. ¿Cómo afecta este punto a los administradores de fincas?

Desde el punto de vista de la contratación, todo despacho de administración de fincas que gestiona lo que se ha dado en llamar urbanizaciones ‘zombies’ requiere una especialización y profesionalidad, dado que los servicios existentes (ascensor, piscina, pista de pádel, etc.) deben ser rentabilizados de la mejor manera posible. Esto se convierte en una ardua tarea cuando la mitad de los pisos están sin vender. Por otro lado, urge dar una salida a los pisos vacíos, sobre todo al mercado del alquiler, pero para ello se debe dar una mayor protección jurídica al arrendador.

Publicidad