El Gobierno francés ha presentado un proyecto de ley sobre la vivienda que incluye controles más estrictos de los alquileres turísticos con multas de hasta 50.000 euros a las plataformas que no respeten las reglas. En concreto, los particulares no podrán superar las 120 noches de alquiler para la residencia principal, ya que sobrepasar ese umbral implica declararse como profesional. Las multas para el incumplimiento de la normativa irán de 5.000 a 10.000 euros.
El objetivo de estas medidas es tratar de limitar el efecto inflacionista para los alquileres en algunas ciudades turísticas por la proliferación de viviendas que se ofrecen para ese mercado para periodos cortos. Al mismo tiempo, se limitará al 10% el porcentaje de nuevas viviendas que tendrán que estar adaptadas para personas de movilidad reducida, frente al 100% en la actualidad.
