El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, pide cuentas al Gobierno en su informe de 2008 criticando la “inactividad” del Ministerio de Vivienda a la hora de atender a los ciudadanos en problemas como la gestión o cobro de la Renta Básica de Emancipación. Según dicho informe, las quejas de ciudadanos al respecto son “muy numerosas”, ya que muchos jóvenes se han visto en problemas para cobrar los 210 euros mensuales que promete el Estado. Concretamente, se presentaron 385 quejas a lo largo de 2008, de las que se admitieron 153; 98 por actuaciones del Ministerio de Vivienda y 55 de las Comunidades Autónomas.
La queja más repetida ha sido la demora al ordenarse la transferencia de la ayuda, así como la suspensión de los ingresos tras venirse realizando. Para el Defensor del Pueblo, “es incomprensible cómo constando al Ministerio esas resoluciones por las propias comunidades autónomas, no se interesa seguidamente por su tramitación a cargo de las entidades bancarias”. A la cabeza de las quejas se encuentra la Comunidad de Madrid, dado el “gran retraso” con el que dicta sus resoluciones para autorizar el cobro de la renta.
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