Las viviendas adquiridas durante los años del boom inmobiliario pueden beneficiarse de no pagar la plusvalía. Así lo sostiene la doctrina de Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la presunción absoluta de la existencia de incremento del valor del terreno urbano en las transmisiones gravadas con el impuesto de plusvalía.
Para ello, y según el Tribunal Supremo, el propietario de la vivienda está obligado a probar que la venta le produjo una pérdida. Con la decisión del alto tribunal se zanja una cuestión que, además de estar pendiente de regulación, había provocado cierto caos en los tribunales.
