Algunos de los grandes inversores inmobiliarios en España han mostrado su preocupación por los efectos que pueda tener el Plan de Vivienda del Gobierno puesto que, a su juicio, las medidas aprobadas podrían generar consecuencias contrarias a las esperadas. La mayoría de ellos cree que se va a producir una reducción de la oferta, de la que se desprenderá un aumento de los precios del alquiler.
De igual modo, ponen de manifiesto que las futuras inversiones podrían verse comprometidas. La principal queja se centra en la duración de los contratos de alquiler. Esta determina que, si el propietario es una persona, el plazo se amplíe de tres a cinco años, mientras que si es una empresa, el inquilino podrá permanecer en el piso hasta siete años.
