Entre julio de 2014 y septiembre de 2017, la Comunidad de Madrid ha tramitado 259 denuncias en torno a pisos de alquiler turístico ilegales. De las mismas, solo seis acabaron en sanción económica. Estas multas pueden suponer desembolsos de entre 30.000 y 300.000 euros. El archivo de la mayoría de los expedientes se produjo por falta de pruebas.
Las reclamaciones más habituales en relación con este tipo de viviendas fueron por ruido y por cobro de precios superiores a los acordados. A juicio de Podemos, los datos demuestran hasta qué punto el Gobierno del PP no cumple con su obligación en materia de disciplina urbanística en relación con las viviendas turísticas.