El gobierno de la Comunidad de Madrid considera que el Plan Estatal de Vivienda invade las competencias del gobierno autonómico en cuanto a la regulación del régimen de vivienda protegida, por lo que ha decidido recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. El vicepresidente de la comunidad madrileña, Ignacio González, afirmó que la decisión ha sido tomada tras analizar que el plan nacional “limita” la política de vivienda regional e “impone obligaciones” a las Comunidades Autónomas.
González señala que el plan corta la posibilidad de que exista una vivienda protegida donde el propietario pueda disponer libremente de ella pasado el régimen establecido de protección, lo que provocaría “inestabilidad y desconfianza” entre las familias. Además, el vicepresidente autonómico destacó que el plan estatal no deja claro el sistema de adjudicación de las viviendas, ya que “no determina si será por sorteo, por orden de espera en el registro de demandantes o por un modelo de baremación”.
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