En septiembre hará un año desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) interpusiera la denuncia de la Comisión Europea contra España. La ausencia de una reforma hipotecaria que proteja al consumidor bancario español y lo equipare al resto de europeos es el motivo de esta acusación. Esta reforma hipotecaria tendrá que atender a mejoras tales como contemplar la solvencia del cliente por parte de la banca, poner límites a la venta de productos bancarios junto al crédito o la oportunidad de cambiar a euros las hipotecas en moneda extranjera, entre otros aspectos.
España asume una multa de 90 millones de euros, cantidad que irá ascendiendo a 105.991,6 euros por día de retraso. A pesar de todo, Bruselas fue comprensiva con España debido a la situación complicada de elecciones generales que se vivió en 2016, hasta que en el pasado septiembre denunció la situación ante el TJUE. El Ministerio de Economía asegura que tal reforma es una prioridad pero, los tiempos ahora están en manos del Parlamento. La aprobación del texto llevará su tiempo, pues aún tiene que someterse a debate de las enmiendas de los grupos, necesita el voto del Pleno, el envío al Senado y la votación en el Congreso.
