El Gobierno ha aprobado un real decreto que modifica la Ley de Arrendamientos. Esta normativa se ve modificada en varios aspectos, entre los que destaca el plazo mínimo de la duración de los contratos. En concreto, se amplía de tres a cinco años. En lo que respecta a la prórroga tácita, este periodo será a partir de ahora de tres años.
En relación a la fianza, se limitan las garantías adicionales a un máximo de dos mensualidades, salvo que se trate de contratos de larga duración, limitando así la carga económica que debe soportar el arrendatario. También está previsto que inquilino y casero puedan llegar a acuerdos para mejorar o renovar la vivienda durante el tiempo que dure el arrendamiento. Por su parte, los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato irán a cargo del arrendador cuando se trate de persona jurídica.
