En 2013 el Ayuntamiento de Madrid vendió 1.860 viviendas de VPO a Blackstone (Fidere) por 128,6 millones de euros. mientras la Comunidad de Madrid a través del IVIMA (denominada ahora como Agencia de la Vivienda Social) vendía al fondo Goldman Sachs-Azora 2.035 viviendas por 201 millones de euros. Cinco años después, los ocupantes de estas viviendas han perdido las condiciones que gozaban como propietarios de una vivienda pública al tiempo que distintas sentencias han cuestionado la legalidad de estas ventas.
Los fondos invirtieron en vivienda durante la crisis
Los fondos de inversión llegaron en los años de la crisis adquiriendo las carteras hipotecarias e inmobiliarias de las entidades financieras, que consiguieron deshacerse de los activos que lastraban sus cuentas de resultados y cumplir con las exigencias marcadas por el Banco de España y el Banco Central Europeo. Su actividad compradora se ha mantenido durante estos años, hasta culminar con las compras más recientes de la cartera inmobiliaria del Popular por 5.100 millones de euros por el fondo Blackstone y la cartera del BBVA por unos 4.000 millones por el fondo Cerberus.
No solo los bancos han vendido sus activos inmobiliarios a los fondos. La Comunidad de Madrid vendió en agosto de 2013 a Goldman Sachs un paquete de 2.000 viviendas destinadas a alquiler para jóvenes y alquiler social para personas vulnerables “bajo la excusa de cuadrar el objetivo de déficit que se habían marcado las comunidades autónomas”, explica Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma por la Vivienda Pública y Social (PAVPS). Sanear las cuentas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) fue la razón por la que ese mismo año, el Ayuntamiento con Ana Botella como alcaldesa, vendió 18 promociones de vivienda pública, en total 1.860 casas, a Fidere por 128 millones de euros.
Irregularidades en la venta de las viviendas
En la venta de estas viviendas de protección a los fondos buitre se han detectado varias irregularidades. “En el proceso administrativo de venta no se dio audiencia a los inquilinos ni se informó de las posibilidades que tenían para impugnar la venta por lo que decidimos emprender acciones judiciales en cuatro promociones de Leganés, Parla, Ensanche de Vallecas y Valdecarros”, explica Jacinto. Un informe del Defensor del Pueblo reconocía que se habían producido unos perjuicios enormes a los adjudicatarios de las viviendas y tenían derecho a recurrir la venta. Sin embargo, las resoluciones dictadas por los tribunales de lo contencioso administrativo no reconocen la legitimación activa de los adjudicatarios para recurrir por lo que no pueden impugnar la legalidad de esta venta, “colocándolos en una situación de indefensión”, apunta Jacinto.
La Plataforma recurrió hasta el Tribunal Supremo que en una sentencia ha reconocido que “los inquilinos y los adjudicatarios tienen legitimación activa para recurrir la venta de sus viviendas porque les perjudica dejar de ser adjudicatarios de una vivienda social con los beneficios que tenían: prórrogas de los contratos, duración indefinida, acceso a reducciones, exención del IBI…” según Jacinto. A partir de esta sentencia, en el mes de mayo, el juzgado contencioso administrativo número 29 anuló la venta de las 3.000 viviendas del IVIMA, cuestionando el proceso de venta sin ningún tipo de informe que lo justifique. El Gobierno regional, aunque reconoce que no está de acuerdo en vender vivienda pública a un fondo de inversión, ha recurrido la sentencia.
El ayuntamiento pide la reversión de la venta
La venta de las viviendas de la EMVS se ha recurrido por la vía penal, contencioso-administrativa y por la vía económica. La Cámara de Cuentas del Ayuntamiento emitió un auto el año pasado en el que reconocía que la operación se había realizado sin pliego de las condiciones de la venta y que el precio “se fijó por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación, sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores”.
El Ayuntamiento de Ahora Madrid presentó una demanda de nulidad para revertir la venta de las viviendas públicas. Sin embargo, para seguir el procedimiento precisaba un informe favorable de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid que han decidido que no procede la revisión para declarar la nulidad de la venta. Siguen abiertas las otras vías para recuperar las viviendas municipales. La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado los recursos del PSOE y la asociación de afectados por la «eventual presencia de delitos de prevaricación, malversación y fraude en el proceso de venta y ordena al Juzgado de Instrucción nº38 de Madrid reabrir la causa”, según un portavoz de la Plataforma Stop fondos buitre.
Qué ha pasado con los inquilinos de las viviendas
Marta consiguió un piso municipal de alquiler con opción a compra en Sanchinarro hace 13 años, pero cuando llevaba 7 años viviendo en la casa recibió una comunicación de que su promoción se había vendido por subasta a Lazora. “Durante tres años nos mantuvieron el alquiler en las condiciones que teníamos, pero al cumplirse los 10 años del contrato, tuve que firmar otro contrato con esta promotora fijando un alquiler a precio de mercado”. A partir de entonces, el alquiler ha subido unos 150 euros anuales, “es caro y la calidad de las viviendas no se corresponde con la renta”.
Los vecinos denunciaron la venta porque tenían un contrato de alquiler con opción a compra que les otorgaba el derecho a comprar su vivienda, pero no consiguieron parar la venta. “Había una cláusula que permitía la venta de las viviendas a los inquilinos siempre que se vendiesen todos los pisos de la promoción, pero si algún vecino no lo quería comprar, ninguno podíamos hacerlo”, explica Marta. De los primeros inquilinos, Marta es la última que resiste, pero también se marcha. “Las viviendas están desatendidas, cuando presentas una incidencia por algún desperfecto, solo se soluciona si amenazas con denunciar”. Los bloques que se han quedado vacíos han sido vendidos a otra empresa que los ha arreglado y puesto a la venta a precio de mercado.
Una ley para fijar un precio justo de las viviendas
En Tres Cantos los inquilinos de las mil viviendas, que fueron compradas por Fidere, tienen que hacer efectiva en diciembre la opción de compra de sus viviendas que ocupan en régimen de alquiler desde hace diez años. El problema para los inquilinos está en el precio de las viviendas, “piden el precio máximo del módulo y no quieren negociar”, según Beatriz Gómez, portavoz de la Asociación de las mil viviendas de Tres Cantos. Fidere no niega el derecho de compra a los inquilinos, pero tampoco lo va a facilitar, según ha expresado a los afectados. Así, mientras que el fondo adquirió las viviendas con una rebaja del 40% del precio, ahora se ciñen a la normativa y exigen el precio máximo del módulo.
Las viviendas dirigidas a los jóvenes salieron con un precio de 120.000 euros la compra y 420 euros el alquiler. “Cuando firmamos en 2012, las viviendas valían 180.000 euros y el alquiler subió a 640 euros, por este motivo desde 2012 solo entramos 200 adjudicatarios y hoy quedaremos 50”, comenta la portavoz de la asociación. El coeficiente de actualización es la razón por la que se ha disparado el precio de las viviendas. La solución está en la aprobación de una ley presentada por Podemos y PSOE en la Asamblea que plantea la fijación de un precio justo para la opción de compra de las viviendas públicas. En esta situación se encuentran dos promociones más en Colmenar y Rivas y un total de 1.500 familias.
Propuestas para impedir la acción de los fondos buitre
La pérdida de la condición de vivienda protegida al pasar a un fondo buitre ha causado graves perjuicios a los adjudicatarios. “Quien accedió a una vivienda social es porque cumplía una serie de requisitos y, por tanto, adquirió unos derechos. Los fondos buitre han hecho caso omiso de esos derechos, han subido los precios estrepitosamente y han terminado desahuciando a cientos de familias”, señalan desde Stop fondos buitre. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el año pasado 100 familias fueron desahuciadas cada día por no pagar el alquiler, incrementándose un 4,3% los lanzamientos por impago del alquiler. Aunque no se tienen datos sobre cuántos inquilinos de las viviendas publicas vendidas a los fondos han sido desahuciados, desde las plataformas reconocen que ha habido desahucios, porque al perder las condiciones de vivienda protegida y las ayudas económicas del IVIMA no han podido pagar las rentas del mercado libre.
Las plataformas de afectados se han movilizado para que se reconozcan los derechos de los adjudicatarios de las viviendas públicas y se limite la acción de los fondos buitre. Desde la plataforma Stop fondos buitre piden que se ponga límite a la subida de los alquileres “como se hace en otros países europeos y convertir Sareb en un parque de vivienda en alquiler social”. También reclaman medidas para evitar la entrada de fondos especulativos en los servicios básicos como la vivienda y una ley contra los fondos buitre, inspirada en la ley belga. En 2015, el Parlamento belga aprobó una ley que impide que los fondos buitre reciban en Bélgica más de lo que pagaron para recomprar la deuda del Estado, aunque obtuvieran una sentencia en el extranjero que les fuera favorable. Por último, el Parlamento Europeo ha pedido a los estados de la UE adopten leyes contra la especulación de los fondos buitre basadas en la legislación belga.
