Gobierno Central
El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha presentado los distintos programas de ayuda al alquiler de vivienda puestos en marcha por el Gobierno dentro del Plan Estatal 2022-25.
Según ha afirmado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, «es muy difícil recurrir» esta ley «cuando la Comisión de Garantías Estatutarias de Cataluña emite un informe tan negativo».
A finales del pasado mes de octubre, PSOE y Unidas Podemos acordaron llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses.
Canarias, Baleares o la Comunidad Valenciana son algunas de las comunidades autónomas de nuestro país que ven necesaria la intervención de los precios del alquiler.
El Gobierno central defiende que el reparto de competencias hace “imposible” establecer una normativa estatal sobre alquiler vacacional.
En España no se están dando indicios que hagan pensar que existe una burbuja inmobiliaria. Así lo descartan tanto el Banco de España como el Gobierno.
Así ha quedado publicado en el BOE, donde se incluye el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros para realizar dichas modificaciones.
La partida de los PGE destinada a “acceso a la vivienda y fomento de la edificación” fue, el pasado año, de 516 millones de euros.
El Ejecutivo central ultima un registro único a nivel nacional para monitorizar la actividad de las viviendas turísticas.
La política fiscal será la herramienta que el Gobierno utilizará para intentar frenar el auge del precio del alquiler, especialmente en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona.
Se pretende acotar el término para estimular la incorporación al mercado del alquiler de estos inmuebles a través de un amplio catálogo de medidas.
Está pendiente que culmine la tramitación de la Proposición de Ley para regular los alquileres abusivos y mejorar las garantías y el acceso a la vivienda en alquiler.
Ejecutivo central ultima un registro único a nivel nacional para monitorizar la actividad de las viviendas turísticas.
Por el contrario, el Gobierno central ahora piensa en poner en marcha un procedimiento extrajudicial vía real decreto, lo que en el fondo implica la obligatoriedad de su cumplimiento.
Íñigo de la Serna ha señalado que este ámbito es competencia regional, por lo que las actuaciones de las administraciones regionales en este sentido serán las que estén vigentes en España.
