Los consistorios de Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa y Sabadell han pedido al Gobierno central más presupuesto y mecanismos legales para la gestión municipal de las políticas de vivienda, en el marco de un nuevo Plan Estatal de la Vivienda.
En paralelo, han reclamado que se fomente una nueva normativa de arrendamientos urbanos. La misma, entre otras cuestiones, debe alargar hasta cinco años los contratos y acabar con los alquileres abusivos. De igual modo, proponen que se transfieran las competencias a la región para que esta pueda gestionar índices de precios de alquiler que acaben con el incremento indiscriminado de los alquileres.
